Un fallo judicial de primera instancia considerado adverso por la Provincia de Santa Fe, que es denunciante en una de las causas más importantes del país contra el juego clandestino online, movilizó a las autoridades de Lotería de Santa Fe que pusieron en crisis la decisión del magistrado que liberó cuentas millonarias (1,3 millones de dólares) de los presuntos responsables de la maniobra ilícita.

En entrevista con El Litoral, el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, expuso los motivos por los cuales considera central hacer justicia y marcar el rumbo, porque “el avance favorable de una causa como esta puede ser disuasivo de seguir reproduciendo esta lógica de delito”.

-¿Los sorprendió la morigeración de las cautelares que definió la justicia?

-La verdad que nos sorprendió. Más allá que el 27 de diciembre, que fue la audiencia para prorrogar las medidas cautelares, el mismo juez entendió que debía morigerar algunas de las medidas -levantó el bloqueo de los Cuit a cambio del embargo de vehículos a cada uno de los imputados-, no nos pareció tan ilógico en su momento.

Después vino esta resolución, que nos pareció más preocupante, donde el juez habilita -para nuestro criterio un número irrisorio- y dispone el levantamiento de los activos digitales de las distintas plataformas de criptomonedas tan solo cuando cada uno de los imputados destine la mínima cantidad de dólares en un depósito a la Aprad.

Nos pareció ilógico porque el fiscal comprobó que en una ventana de 3 meses -de junio a agosto de 2024- hubo más de un millón de transacciones que equivalen a 16.500 millones de pesos, que en ese entonces eran 16 millones de dólares.

Y el fiscal había logrado hacer el congelamiento por 1.3 millones de dólares en criptomonedas, pero el juez decidió el levantamiento de todos los bloqueos y como garantías fijó un depósito ante la Aprad que suman 70 mil dólares.

Claramente para nosotros es preocupante y llama la atención terriblemente el por qué autorizó esto. Cuál fue el cambio en estos últimos meses, porque siempre fue el mismo juez.

La causa comenzó el 22 de mayo cuando denunciamos con los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, (Victoria) Tejeda y de Educación, (José) Goity, 273 páginas de juego ilegal y luego ampliamos el 19 de junio sobre 112 páginas más; lo cual totaliza los 385.

-¿Toda la causa está concentrada en los tribunales de Santa Fe, en la misma carpeta judicial, o son diferentes investigaciones?

-Todo está en la misma investigación, en los tribunales de Santa Fe. A partir de esta denuncia el fiscal (Agustín) Nigro, de la Oficina de Delitos Informáticos de la Fiscalía Regional 1° del MPA arranca la investigación, donde además del pedido de bloqueo de los sitios, pudo desentrañar este entramado jurídico y económico.

-¿Quiénes son los siete imputados? Se hace eje en la empresa más grande que es Transfero Pagamento S.A., pero ¿hay otras? ¿Cuáles son?

-La empresa es una (Transfero Pagamento SA), pero existen otras que son utilizadas para otras cuestiones. Actualmente hay siete personas imputadas, dos de nacionalidad brasileña y cinco argentinos, una de las cuales está vinculada a casinos de Entre Ríos y Formosa.

-¿Qué delitos se les atribuye y si pretenden llevarlos a juicio o podría derivar en acuerdos de juicios abreviados?

-Los comprendidos por el artículo 301 bis del Código Penal, delito de explotación, administración y operación de juegos de azar en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas.

Nuevo querellante

-¿Si bien la provincia es denunciante, es también querellante en la causa?

-Al día de hoy se presentó como querellante Casino Santa Fe, como damnificado por ser uno de los titulares de las dos licencias para operar en la provincia. Pero hoy en día, viendo lo que pasó en este último fallo, me comuniqué con el ministro de Gobierno, el Dr. Fabián Bastia y estamos analizando presentarnos como querellantes esta semana.

-Se dijo que el fiscal apeló o apelará la medida del juez Spekuljak, ¿qué expectativas tienen en segunda instancia?

-Tenemos entendido que el fiscal va a apelar ante el Colegio de Jueces de Segunda Instancia y nuestra expectativa está en que él o los jueces que entiendan en esta materia tengan una mirada y criterio diferente y que puedan dar vuelta rápido la decisión de primera instancia.

Mientras tanto, el levantamiento del embargo no se hizo efectivo porque antes los imputados debían abrir cuentas a nombre de la Aprad donde depositar los montos fijados por el juzgado.

Los imputados:

Dos razones sociales -Transfero Pagamento SA y Transfero Gestión- están siendo investigadas por la justicia santafesina desde que se inició la causa, entre mayo y junio del año pasado.

Pero además, son siete las personas físicas que integran la lista de imputados, dos de ellos de nacionalidad brasileña.

Los extranjeros son Claudio Marcos Just Calvancante y Carlos Eduardo Franco Russo. En tanto los cinco restantes, de nacionalidad argentina son: Justina Garcia de la Peña; Alejandro Antonio Gelormini; Natalia Soledad Salinas; Agustín Suarez Araujo y Santiago Corbetta.